Hacemos un pacto: te contrato durante seis meses y tú me regalas tu voto

Los medios de comunicación lanzan estos días –en todo el país- miles de titulares en los que se anuncian contrataciones para llevar a cabo Proyectos de Interés General y Social. Es decir, seis meses de trabajo en los que un ayuntamiento contrata a parados para realizar tareas que revierten en beneficio del municipio. Quién paga es el Servicio Estatal de Empleo y quién decide cuánto dinero se destina a estos proyectos es el Gobierno. De esta manera, el titular en Cantabria protagonizado por nuestro ejecutivo regional –tan sólo uno- porque luego obtendrá más, lo mismo que cada corporación municipal, ha sido el siguiente: "El Gobierno de Cantabria invertirá 28 millones de euros en la contratación de más de 4.000 personas desempleadas para la realización más de 700 proyectos”. El titular, por cierto, es de noviembre de 2014 y su potencial multiplicador para generar más informaciones, similar al del milagro de los panes y los peces; y eso lo saben muy bien los políticos. Si bien esta noticia es –en principio positiva- basta rascar un poco para entender su significado real:

- Primero: las corporaciones fueron advertidas ya desde finales de 2014 y desde el gobierno regional, de su voluntad de otorgarles muchos proyectos. El mensaje era: pedid, porque se va a invertir mucho en proyectos de Interés General y Social. A nadie se le escapa que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y los partidos se juegan en ellas parte de lo que sucederá en las nacionales, en torno a seis meses después. Pues bien, si el dato del paro ofrecido por el INEM en enero ha sido negativo después de la finalización de la campaña navideña y, probablemente, el de febrero no sea mucho mejor; sin duda, el de marzo será miel sobre hojuelas puesto que a partir del 15 de febrero comienzan a trabajar todos esos parados que se incorporan a proyectos. Conclusión: si trabajan durante seis meses: en mayo seguirán haciéndolo. Luego, ese grueso de trabajadores permitirá aliviar las cifras brutales de desempleo que –con un 20%- duplican en nuestro país la media europea.
- Segundo: luego está el asunto de cómo los ayuntamientos distribuyen estos puestos. Lo cual se parece más a la ‘cacicada’ o a la ‘comicada’ si se prefiere, que a una selección meritoria de los candidatos. Se dan varias situaciones: 1.- la menos habitual: que la convocatoria esté abierta a cualquier ciudadano, independientemente de su municipio de residencia, y que se valoren su experiencia y formación cuantitativa y cualitativamente 2.- que se den puntos a los empadronados en el municipio, excluyendo así a candidatos de otros pueblos y ciudades 3.- que se redacten bases acomodadas a las características de uno o varios candidatos a los que la corporación quiere ‘meter’ 4.- que no se haga la difusión debida del proyecto para asegurar la menor concurrencia posible y que las solicitudes sean las de sus vecinos.
Alguno pensará ¿y qué tiene de malo querer beneficiar al del pueblo? Primero que es ilegal. Después que se perpetúa un sistema injusto en el que no se elige al más preparado o experimentado, sino ‘al amigo’. Tercero, lo cual es más importante, que estas selecciones arbitrarias lo que dan es ‘poder’ a un determinado señor o señores con relación a alguien y lo que buscan, en definitiva, es el voto.
Si queremos unos políticos serios, si queremos un sistema público serio y eficaz, si tanto nos quejamos de cómo va España: exijamos una gestión de lo público eficaz y en la que prime la excelencia.
- Tercero: en entredicho está también la utilidad de los Proyectos de Interés General y Social. Aunque en muchos casos, sí existe tal utilidad, en otros se trata de puestos vacíos de contenido en los que los trabajadores y trabajadoras  pasan las horas muertas sin tareas concretas que realizar. La pregunta es: ¿no debería de hacerse un seguimiento real de los Proyectos y de los objetivos conseguidos por éstos más allá de memorias en las que cada cual escribe lo que le interesa? Y es que se quejan algunos gestores responsables de que a la administración sólo le preocupa que un cartel bien grande –de las dimensiones exigidas- cuelgue en lugar visible. Ya se sabe: el efecto multiplicador de los panes y los peces…
En conclusión: pregúntense si el dinero que se gasta el Gobierno en estos proyectos es para dar empleo o para conseguir votos. Pregúntense si no debería invertirse en políticas de empleo más eficaces y menos arbitrarias. Pregúntense qué pasa con esos trabajadores transcurridos los seis meses de contratación, y pregúntense, si son uno o una de los del pueblo a los que han contratado porque conocen al concejal de turno o al alcalde si, realmente, quieren un sistema que funcione así, porque, quién sabe, quizás le toque a usted, la próxima ocasión, ser la víctima de una injusticia.

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